Italia despenaliza la eutanasia en determinados casos

En un veredicto que se considera de forma unánime histórico en Italia, El Tribunal Constitucional ha dicho sí al suicidio asistido médicamente, afirmando que no es delito y que «no se puede castigar a quien ayuda al suicidio en determinadas condiciones». Cuando «un paciente que se mantiene en vida con tratamientos de apoyo vital y está afectado por una patología irreversible, fuente de sufrimientos físicos y psicológicos que él considera intolerables, pero es plenamente capaz de adoptar decisiones libres y en plena conciencia», afirma el Tribunal Constitucional.

Después de dos días de intenso debate, el alto Tribunal italiano encuentra una solución para el delicadísimo caso jurídico y ético de la posible despenalización de la ayuda al suicidio médicamente asistido. Se trata de una cuestión muy polémica que suscita una gran sensibilidad, que al menos desde hace una docena de años divide a la opinión pública y a la política, hasta el punto de que el Parlamento se ha visto incapaz de legislar sobre el tema, siendo especialmente manifiesta la oposición de muchos católicos.

Cabe destacar que no es solo un problema o debate que existe en Italia. Igualmente en Francia, un país laico, es motivo también de discusión desde hace años sin encontrar una solución. En Europa, el suicidio asistido está legalizado en Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza.

El largo debate del Tribunal Constitucional italiano refleja la división que ha existido entre sus 15 jueces. Al final llega una sentencia histórica: ha quedado anulado el artículo 589 del código penal, que prevé penas entre 5 y 12 años a quien instiga o ayuda al suicidio. Los jueces aclaran que ayudar al suicidio médicamente asistido no es delito cuando se refiere a una persona «afectada por una patología irreversible, fuente de sufrimientos físicos y psíquicos, que encuentra absolutamente intolerables».

Tomar decisiones de forma libre y consciente

El punto fundamental es que la persona sea «capaz de adoptar decisiones de forma libre y consciente». Con la sentencia de este miércoles del Tribunal Constitucional queda en cierta forma desairado el Parlamento, que ahora no tendrá más remedio que legislar de acuerdo con lo establecido por el alto Tribunal, que, de hecho, ha advertido así al Parlamento: «Es indispensable la intervención del legislador».

 

 

Como era de esperar, el veredicto del Tribunal Constitucional ha sido acogido con júbilo por las asociaciones de derechos civiles y con indignación por parte de la Iglesia, sectores que se habían movilizado especialmente en los últimos días. Para la Iglesia católica el suicidio asistido «no es un derecho y no puede depender de nuestra voluntad». La Asociación de médicos católicos italianos (AMCI), que cuenta con 4.000 asociados, ha señalado que están preparados para hacer objeción de conciencia y no ayudar al enfermo que solicite el suicidio médicamente asistido. El vicepresidente de AMCI, Giuseppe Battimelli, explica: «No se trata solo de una orientación religiosa que prohibe realizar tal práctica, sino de un hecho deontológico que afecta a todos los médicos».

Sentencia tras un caso dramático

A esta delicada decisión ha llegado el alto Tribunal después de un caso dramático que dividió a la sociedad italiana. En febrero 2017, el conocido Dj Fabiano Antoniani, milanés de 39 años, tetrapléjico y ciego después de un accidente de tráfico que sufrió en el 2014, murió en una clínica de Zurich (Suiza) con suicidio asistido, pagando 10.000 euros. Se suicidó con un fármaco letal proporcionado por los médicos. Le acompañó por Marco Cappato, exdiputado radical y exeuroparlamentario, miembro de la Asociación Coscioni a favor de la eutanasia legal, que se autodenunció.

Contra él se abrió un proceso porque, según el artículo 580 del Código penal italiano, el radical Cappato cometió el delito de instigación o ayuda al suicidio, castigado con pena de cárcel entre 5 y 12 años. En la normativa italiana suicidio y eutanasia se consideran delitos contra la vida. Pero el Tribunal de Milán suspendió el proceso y pidió el parecer del Tribunal Constitucional, que invitó al Parlamento a legislar antes del próximo 24 de septiembre, una petición que cayó en el vacío, lo que da idea de la división y dificultad de la política italiana para aprobar una ley sobre el suicidio asistido.

Suicidio asistido en el extranjero

Filomena Gallo, secretaria de la Asociación Coscioni, recordó a los jueces del Tribunal Constitucional que «muchas personas se encuentran hoy en Italia en situación parecida a la del tetrapléjico Dd Fabiano, que se marchan al extranjero –sobre todo a Suiza- para poner fin a su propia vida, despidiéndose de un cuerpo que se ha convertido artificialmente, por efecto de enfermedad irreversible, en una prisión. Estas personas, para evitar implicar a sus familiares en ulteriores sufrimientos por un proceso penal, se ven obligadas a actuar en soledad o solicitar ayuda a sujetos ajenos a su esfera familiar para un apoyo meramente logístico», ha destacado la abogada Gallo.

El diario «La República» contó este lunes un caso también dramático. Dos hermanos, Carlo y Marco, de 35 y 30 años, sufren esclerosis lateral amiotrófica (ELA), uno con dotorado en Arte, el otro en Ciencias políticas. Ambos han firmado el testamento vital para elegir cuándo dejar de vivir. Su madre, Sabrina ha declarado a «La República»: «Mi corazón se rebela, espero cada día que la ciencia nos traiga una nueva cura. Pero si tus hijos se llaman Carlo y Marco, viven clavados a una silla de ruedas desde que eran niños, dentro de poco no podrán ya respirar solos, si tus hijos han elegido lúcidamente la muerte en un testamento vital, cómo podré yo la madre negarles esta libertad?».

«Suicidio asistido no es la eutanasia»

Para llegar a esta sentencia que en la práctica supone legalizar el suicidio médicamente asistido, el Tribunal Constitucional contó con un informe del Comité nacional para la bioética, el máximo organismo consultivo del gobierno sobre moral y ética, hecho público a finales de julio. El presidente del Comité de Bioética, el jurista y especialista en bioética Lorenzo D’ Avack, explicó que surgieron tres diferentes corrientes de opinión entre sus miembros: «Una netamente contraria, que reafirma la inviolabilidad de la vida. Una posición intermedia, que da la alerta sobre los riesgos de legislar sobre este tema y pide incrementar las curas paliativas. Y una tercera, con el mayor número de firmas, favorable a la legalización del suicidio asistido».

 

 

El Comité aclaró que «El suicidio asistido no es la eutanasia». Trece de los miembros del Comité se mostraron favorables a la legalización del suicidio médicamente asistido, partiendo del presupuesto que el valor de la tutela de la vida esté equilibrado con otros bienes o valores constitucionalmente relevantes, como la autodeterminación del paciente y la dignidad de la persona. Frente a esta opinión, otros 11 miembros del Comité de Bioética observaron que no es legítimo decidir cuándo terminar la propia vida e interrumpir los sufrimientos. «La defensa de la vida debe ser afirmada como principio esencial en bioética», afirmaron.

Presiones

En los últimos días se han sucedido las presiones desde diversos sectores políticos, sociales y religiosos para condicionar la sentencia del Tribunal Constitucional. El Papa, que considera «la eutanasia y el suicidio asistido una derrota para todos», pidió el viernes en una audiencia a 350 médicos que «rechacen la tentación de usar la medicina para ofrecer asistencia al suicidio o causar la muerte con la eutanasia», actuando por «falsa compasión» frente a quien pide poder «anticipar la muerte». Este lunes se reunión la Conferencia episcopal italiana que relanzó el discurso pronunciado el viernes por el Papa, reiterando que «el suicidio asistido es una elección egoísta para privilegiar a los fuertes».

Según «Avvenire», periódico de los obispos italianos, en Holanda, donde está legalizada la eutanasia, en el año 2017 hubo oficialmente 6.585 casos de eutanasia, incluyendo también el suicidio asistido, cifra que corresponde al 4,4 % de las muertes en ese país. «Se trata de una proporción -escribe la profesora de Química Física Assuntina Morresi en Avvenire- que proyectada sobre las 647.000 muertes en Italia en el mismo año 2017, ofrece un dato potencial de 28.468 muertes por eutanasia y suicidio asistido al año».

El mundo laico también se ha movilizado . El filósofo y escritor Paolo Floris D’ Arcais, autor del libro «Cuestión de vida y de muerte», responde al presidente de los obispos italianos, cardenal Bassetti, quien afirmó: «Vivir es un deber, incluso para quien está enfermo y sufre». En una carta abierta Floris D’ Arcais le dice al cardenal: «Eso será verdad para su ideología y su fe, pero no para mis convicciones y mis valores, ni tampoco para muchos ciudadanos iguales a nosotros en dignidad y libertad». El debate seguirá porque entre las fuerzas políticas, instituciones y los ciudadanos porque el suicidio médicamente asistido porque se trata de principios y valores éticos muy importantes.

 

FUENTE: ABC

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