LINK a la sentencia que condena a Ana Julia y análisis jurídico.

Por fin ha sido dictada la Sentencia del caso Gabriel Cruz, el menor de ocho que fue asesinado con alevosía a manos de la pareja sentimental de su padre, Ana Julia Quezada.

Os podéis descargar la Sentencia clickando en el link que aparece debajo. Sorprendentemente, escrita en formato de letra «comic sans».

2019-09-30 Audiencia Provincial de Almería Procedimiento 1-19 SENTENCIA Nº 3792019 Ana Julia Quezada

Tras haber sido declarada culpable de asesinato con alevosía por el veredicto del Tribunal Jurado, el pasado 19 de septiembre, ya tenemos acceso a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería según la cual ha sido condenada a prisión permanente revisable.

Dicha Sentencia, además, y aunque en la práctica cumplirá la misma pena (prisión permanente), la condena a un total de ocho años y tres meses más de encarcelamiento por dos delitos de lesiones psíquicas y dos delitos contra la integridad moral de los padres de Gabriel, con agravante de parentesco respecto a su ex pareja.

Por otro lado, si Ana Julia saliera de prisión (recordamos que la pena es revisable), tendría prohibición de vivir en Níjar, el municipio en el que residen actualmente los padres del menor.

Tampoco podría acudir a dicha localidad ni acercarse a menos de 500 metros de los progenitores, todo ello, durante un periodo de 30 años.

En cuanto a la responsabilidad civil, Ana Julia deberá indemnizar a cada uno de los padres en la cantidad de 250.000 euros por daños morales, así como abonar al Estado el importe correspondiente al coste invertido en la búsqueda de Gabriel, otros 200.203 euros.

Tras conocerse la sentencia, el abogado de Ana Julia, ha anunciado que recurrirá el fallo, apuntando que esta pena es aún «jurídicamente controvertida».

 

La Prisión Permanente Revisable (PPR) es una realidad en España desde la reforma del Código Penal (CP) aprobada en marzo de 2015, y está regulada en el art. 140 de dicha norma, aunque con afectación en otros artículos.

Supone la máxima pena privativa de libertad de nuestro sistema, consistente en la permanencia del acusado en prisión durante un tiempo, a priori, indefinido, pudiéndose revisar al haber cumplido parte de la condena, concretamente entre los 25 y 35 años de cumplimiento (dependiendo de que la condena sea por uno o varios delitos, o de que se trate de delitos de terrorismo).

Cumplido este plazo, el Tribunal debe revisar de oficio, cada 2 años, si se debe mantener la situación del reo o bien si procede su puesta en libertad (para lo cual es preciso que se cumplan los requisitos de los arts. 92.1 y 92.2 CP).

También es posible la revisión si lo solicita el penado aunque, en caso de desestimarse, no se podrá admitir una nueva solicitud hasta pasado un plazo máximo de un año.

El objetivo de esta pena es impedir que aquellos delincuentes que han cometido delitos especialmente graves y que siguen siendo peligrosos, puedan volver a la sociedad si no han demostrado su capacidad de reinserción.

Al respecto, el Consejo de la Abogacía Española considera inconstitucional la PPR ya que, por el momento, no existe un límite de cumplimiento de la pena de prisión, lo que vulneraría los arts. 10, 15 y 25 de la Constitución Española.

En el mismo sentido, el Tribunal Supremo considera que una pena privativa de libertad de más de 40 años es excesiva y contradictoria con el principio de resocialización.

 

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AUTORA:

KELLY LECLERCQ

Abogada ICAB.

Maneja en Instagram una cuenta en la que busca poder compartir, debatir y estar al día de noticias de interés jurídico (@laabogadadeturno)

 

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