¿Por qué se tarda tanto en exhumar a Franco? Análisis jurídico

Estas últimas semanas, e incluso meses, hemos visto en los medios de comunicación y en las redes sociales cómo mucha gente comentaba el continuo vaivén de la exhumación de Francisco Franco.

En este artículo, vamos a explicar el proceso cronólogicamente, para entender cómo y por qué se ha llegado a la decisión de trasladar el caváder del que fue militar y dictador.

  • 24 DE AGOSTO DE 2018: El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto-ley (RDL) que inicia el proceso para la exhumación, con todas las garantías, de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Este RDL modifica la Ley 52/2007, más conocida como Ley de Memoria Histórica (LMH).

La LMH en su artículo 16, referido al Valle de los Caídos, señala que «en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la guerra civil, de sus protagonistas, o del franquismo».

La intención del RDL es facilitar el cumplimiento efectivo de la no exaltación al franquismo, y, por ello introduce un apartado 3º en el anterior artículo, a fin de eliminar la presencia de los restos del dictador:

«En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda».

Para dar cumplimiento a este nuevo apartado del artículo 16, se incorpora la Disposición Adicional 6ª bis en el RDL, como un procedimiento previsto para la exhumación y traslado de los restos mortales. Entre otras cosas, se le concede un plazo de 15 días a la familia para que señalen un lugar de reinhumanización

  • 15 DE FEBRERO DE 2019: El Consejo de Ministros acuerda la exhumación, en cumplimiento del RDL 10/2018 y del Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de agosto de 2018 por el que se inició el procedimiento administrativo para la exhumación de sus restos mortales. Se le concede un nuevo plazo de 15 días a la familia para garantizar su derecho.

 

  • 8 DE MARZO: La familia Franco interpone recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de febrero.

 

  • 15 MARZO: Concluye el procedimiento y se establece la reinhumación en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo (Madrid) para el día 10 de junio. Decide el Gobierno porque expiraron los plazos de los que disponían los familiares para elegir y para recurrir.

 

  • 11 DE ABRIL: La familia Franco pide la ampliación del presente recurso al acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de marzo de 2019.

 

  • 28 DE MAYO: La familia Franco presenta una cuestión de inconstitucionalidad a efectos de someter al Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 10/2018. 

 

  • 4 DE JUNIO: Se dicta un auto que suspende cautelarmente la exhumación de los restos mortales.

 

  • 13 DE JUNIO: El abogado del Estado contesta a la demanda que planteaba la cuestión de inconstitucionalidad y pide su desestimación, no considerando necesaria la vista pública.

 

  • 30 DE SEPTIEMBRE: La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo resuelve y desestima el recurso interpuesto por la familia Franco. Rechaza los tres motivos alegados que eran:
    • Ilegalidad de la exhumación 
    • Inconstitucionalidad del RDL 10/2018
    • Arbitrariedad de la denegación en la Cripta de la Catedral de la Almudena y de la decisión de que se haga en el cementerio del Pardo.

El Tribunal Supremo argumenta que no hay razones para dudar de la constitucionalidad del RDL porque solo hubo dos votos en contra y se justifica su urgencia y necesidad. Por otro lado, no considera discriminatoria la atención prestada a los restos de Franco porque la exhumación no afecta a la libertad religiosa sino a los fines de la Ley de Memoria Histórica, ni tampoco lesiona el derecho a la intimidad familiar porque el hecho de que puedan elegir el lugar no es un derecho absoluto y se puede limitar por razones de interés público, como en este caso. 

Descarta que exista infracción con el acuerdo con la Santa Sede porque se respeta la inviolabilidad de la Basícila como lugar de culto, ya que el Consejo de Ministros reconoce que se debe contar con autorización eclesiástica para acceder. Añade que la negativa del Prior Administrador a autorizar la entrada decae tras la sentencia.

Encuentra justificada la negativa al traslado a la Catedral de Almudena porque razones de seguridad y por la significación de la figura de Franco.

 

  • 9 DE OCTUBRE: El Prior del Valle manda una carta a la Vicepresidenta del Gobierno comunicando que no autoriza el acceso a la Basílica con la finalidad de acceder a la sepultura. Establece como razones:
    • No existe consentimiento de la familia
    • La inviolabilidad de los lugares de culto no depende del RDL
    • La última palabra le corresponde al Tribunal Constitucional y al TEDH, no al Supremo, en cuanto a materia de violación de los derechos fundamentales.

 

  • 10 OCTUBRE: El Tribunal Supremo dicta una providencia y señala que su sentencia sobre Franco es título legítimo para acceder a la Basílica y proceder a la exhumación. 

Recuerda que el artículo 118 de la Constitución española obliga a todos a cumplir las sentencias firmes y ha acordado levantar la suspensión cautelar de dichos acuerdos del Consejo de Ministros que se estableció los pasados meses de junio y julio mientras se resolvían los recursos.

 

¿Qué pasará ahora y cómo actuará el Prior? Lo que parece claro es que, como incida en su negativa, se puede enfrentar a consecuencias penales y tener problemas con la Santa Sede (que ya ha respetado la decisión judicial).

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