Análisis jurídico del «Caso Alsasua»

Estos días se ha formado un gran revuelo en la sociedad, a raíz de las altas condenas que ha impuesto el Tribunal Supremo al grupo de jóvenes de Alsasua.

En este artículo, vamos a explicar el recorrido procesal del caso, y los motivos jurídicos por los cuales se motivan las penas.

El 15 de octubre de 2016, el auto de procesamiento nos relata que un Teniente y un Sargento de la Guardia Civil esaban en un bar de Alsasua (Navarra) tomando unas consumiciones, cuando un grupo de jóvenes empezaron a insultares y amenazarles. Una vez que consiguieron escapar y una vez en la calle, cerca de 20 personas se sumaron al grupo de jóvenes, y empezaron a golpear a los agentes y a sus acompañantes hasta que un policía se personó en el lugar.

 

Y aquí es donde empieza la polémica, ¿cómo calificamos los hechos?

    • Terrorismo (arts. 573 y ss. CP)

Art. 573

Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, […] cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.ª Alterar gravemente la paz pública.

3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.

4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

    • Atentado (arts. 550 y ss. CP)

Art. 550 

1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

    • Lesiones y amenazas (arts. 147 y ss. CP/ arts. 169 y ss. CP)

Art. 147

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones […].

Art. 170

Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado

Recapitulando, la conducta de los acusados fue enmarcada en el escrito de acusación como delito terrorista porque se podían deber al movimiento ALDE HEMENDIKI!, que tiene como objetivo la no presencia de fuerzas de seguridad en el País Vasco. Sostiene la otra parte que se trató de una riña mutuamente aceptada entre policías fuera de servicio y los acusados, y que por ello solo se podría castigar por lesiones y amenazas.

 

La Audiencia Nacional no aceptó esta última versión porque, según el relato de los autos, se desprende que se aprecia un dolo de vulneración de la autoridad de la Guardia Civil, pero tampoco fue aceptada la calificación de delito de terrorismo; básicamente porque la conducta tendría que tener una aptitud para lograr los fines expresados en el Código Penal, y en este caso no había plan de actuación ni tampoco recursos materiales ni humanos.

Por ello, finalmente la conducta fue enmarcada por la Audiencia Nacional dentro del delito de atentado contra la autoridad, incluido en el artículo 550 antes mencionado. Y es que la doctrina establece que estos supuestos se enmarcan en casos en los que existe un dolo de agredir, deconocer u ofender a la autoridad. Por otra parte, se entienden igual aunque las fuerzas de seguridad no estuvieran de servicio, ya que el móvil era el resentimiento o la censura a las funciones propias del cargo de autoridad.

En realidad nos encontraríamos ante un concurso ideal de delitos porque, en este caso, muchas conductas están castigadas las amenazas y lesiones en concurso ideal con el delito de atentado contra la autoridad.

¿Y ahora qué dice el Supremo?

  • Que no es de aplicación la agravante de discriminación. 

Art. 22.4 CP:

Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad.

La motivación de los acusados emanó de la pertenencia de parte de las víctimas al cuerpo de la Guardia Civil, aspecto que supone la subsunción en la tipicidad del delito de atentado, y aplicar por ello la agravante de discriminación supondría condenar por el mismo hecho vulnerando el principio «non bis in ídem».

Aunque en relación a este punto, hay dos de cinco magistrados que firmaron un voto particular razonando que sí de aplicación dicha agravante, al considerar que la animadversión hacia los cuerpos y fuerzas de la Guardia Civil la justifica.

  • Tampoco concurre la agravante de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado contra la autoridad.

 

  • Suprime el delito de lesiones en dos acusados por falta de pruebas.

 

  • Considera que ha existido prueba bastante y válida de las agresiones y lesiones físicas y psicológicas causadas a las víctimas para condenar por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

 

  • En definitiva, reduce las penas de los acusados al suprimir la agravante por discriminación y de abuso de superioridad en los delitos de atentados. Ha condenado a penas de entre 1 año y 6 meses de prisión y 9 años y 6 meses a los 8 acusados.

Así, el sujeto más penado ha sido O.A.C.: 9 años y medio de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y medio); tres delitos de lesiones con concurrencia de la agravante de abuso de superioridad (2 años por cada uno); y delito de desórdenes públicos (1 año). La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional le había condenado a 13 años.

Y el menos penado A.U.G.: 1 año y 6 meses de prisión por delitos de desórdenes públicos (1 año) y amenazas (6 meses). Fue condenada por la Audiencia a 2 años de prisión

 

SENTENCIA DEL SUPREMO COMPLETA 

 

 

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas (1 votos, promedio: 5,00 de 5)
Cargando…

Be the first to comment

Déjanos tu comentario

Tu dirección de correo no será publicada.


*