¿Puede el Gobierno censurar cualquier web sin autorización judicial? Analizamos el nuevo Decreto.

Fue de los temas más comentados hace unos días. Mucha gente se llevaba las manos a la cabeza porque, en teoría, el Gobierno había dictado un Real Decreto Ley por urgente necesidad que le permitía censurar cualquier página web o cuenta sin ningún tipo de procedimiento judicial.

En concreto, es el RDL 14/19, de 31 de octubre. Y es que lo cierto es que plantea dudas, muchas dudas. Como bien apuntaba Borja Adsuara, abogado experto en Derecho Digital, esta norma puede afectar a derechos fundamentales y debe intervenir un juez. Lo que no puede ser es dejarse en manos del Gobierno la censura previa y secuestro de publicaciones, solo por la «urgente necesidad».

Pero vamos con un análisis un poco más profundo…

¿Cuál es la razón de este RDL?

Frenar la «República Catalana Digital». Al parecer, los independentistas están intentando formar una realidad virtual en la que tendrían su propia identidad digital. En consecuencia, han presentado un proyecto en el que cada ciudadano posee sus propios datos y no están controlados por ningún organismo público o autoridad.

Por eso mismo, los dos primeros artículos establecen que el DNI es el único documento con suficiente valor para acreditar la identidad y datos de su titular.

 

¿Qué mas cosas se disponen en el RDL?

Donde se guardan los datos

En su artículo 3, que modifica la LPACAP, se recoge que los servidores que recojan, guarden, gestionen y almacenen los datos deben estar obligatoriamente dentro de la Unión Europea; o dentro de España si están muy protegidos.

Se prevé para que haya un control y se puedan aplicar las leyes europeas de protección de datos, ya que si el servidor es extracomunitario, tendríamos que atenernos a la regulación propia de ese país.

 

LA POLÉMICA: El Gobierno puede censurar webs

Artículo 6. Modificación de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

Uno. Se da nueva redacción al apartado 6 del artículo 4, que queda redactado de la
manera siguiente:

«6. El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la
asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la
intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados
supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y
la seguridad nacional. En concreto, esta facultad excepcional y transitoria de gestión
directa o intervención podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o
elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o
restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional.

 

Tenemos que hacernos una primera pregunta: ¿las webs son objeto de la LGT?

¡Y ahí tenemos la solución! La Ley General de Telecomunicaciones es la regulación de las telecomunicaciones, que comprenden la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos asociados.

Pero las páginas webs y cuentas de las redes sociales o aplicaciones son objeto de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, más conocida por LSSI.

Por lo tanto, en un principio el Gobierno no puede censurar ni páginas webs ni tampoco cuentas de redes sociales sin autorización judicial.

 

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