Consecuencias para «Gran Hermano» a raíz del presunto acoso sexual a Carlota.

¿Qué ha pasado?

Hace pocos días tuvimos conocimiento de la actuación de la productora “Zeppelin TV” en relación al presunto abuso sexual a una concursante de Gran Hermano (Carlota Prado) ocurrido en noviembre de 2017, cuyas imágenes fueron mostradas a la víctima y sin previo aviso.

Más allá de las implicaciones comerciales de lo sucedido (pérdida de anunciantes, etc.), son muchas las responsabilidades jurídicas que pueden derivarse para la productora. Tal vez las más desconocidas son las que pueden surgir desde la perspectiva jurídico-laboral. Vamos a explicarlas.

 

¿Relación laboral de los concursantes de un reality show?

Debemos señalar que hoy en día hay diversas Sentencias que determinan la competencia de la Jurisdicción Social para conocer de las discrepancias entre concursantes y productores de este tipo de programas-concurso.

Ello sucede al considerar que el vínculo entre ambas partes no es civil, sino que estamos ante una verdadera relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos, pues se darían las notas exigidas por el artículo 1.2 del Real Decreto que la regula.

Así, califican de relación laboral la existente entre los concursantes de un “reality show” y la empresa productora del mismo, por ejemplo, la STSJ de Madrid 12 de marzo de 2008 – entre “Zeppelin Television, S.L.” y un concursante de “La Casa de tu Vida” o la STSJ de Madrid de 16 de julio de 2018, entre un concursante de “Casados a Primera Vista” y la productora “Boomerang TV”).

Como decíamos, estaríamos en el ámbito de una relación laboral especial de artistas que cuenta con regulación específica, al darse las características propias de dicha relación, según detalla perfectamente el FJ 4º de la STSJ de Madrid de 12 de marzo 2008.

 

¿Y qué consecuencias tendría esta calificación laboral del vínculo?

De tal calificación se derivan una serie de consecuencias, que, relacionadas con lo sucedido respecto a la concursante de Gran Hermano y la supuesta actitud de la Productora, podrían culminar en las siguientes responsabilidades para esta última.

Concretamente, la conducta de la Productora podría calificarse, literalmente, de ACOSO SEXUAL.

El artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (“LOIMH”) define el acoso sexual como “cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.

Como vemos, la definición de acoso sexual que nos brinda la LOIMH es más amplia que la concepción penal del art. 184 CP, de tal forma que para que el mismo se produzca bastará con que se dé “cualquier comportamiento”, sin que estemos ante la solicitud de favores de naturaleza sexual.

Además, el entorno intimidatorio, degradante u ofensivo puede producirse con único hecho aislado, como sucede en este caso (TSJ Andalucía 14 abril 2011 o SJS Sabadell de 24 de julio de 2018). Es decir, no se requiere una conducta reiterada en el tiempo, como sucedería con el clásico acoso moral (mobbing) laboral.

Asimismo, puede haber o no elemento intencional del acosador, bastando con que la conducta del acosador “produzca” estos indeseables efectos en la víctima, aunque no fuera esa la intención de la Productora.

Con estas premisas (calificación de la conducta como de “acoso sexual” en el ámbito laboral), las responsabilidades que podrían derivarse para la Productora, desde el plano estrictamente jurídico-laboral, son las siguientes:

 

  • Infracción Administrativa: El artículo 8.13 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) tipifica como infracción muy grave “El acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma”, con multas de entre 6.250 y 187.515 euros.

Además de las responsabilidades específicas previstas en el artículo 46 bis para este tipo de infracciones en materia de igualdad (pérdida de bonificaciones, etc.).

 

  • Daños y perjuicios por vulneración de derechos fundamentales: La afectada podría interponer una demanda declarativa de vulneración de derechos fundamentales, instando una indemnización por daños morales, así como los daños y perjuicios adicionales ocasionados (183 LRJS).

 

  • Incapacidad Temporal o Permanente de etiología profesional: En caso de que la afectada inicie un proceso de incapacidad derivado del incidente (un proceso ansioso-depresivo, etc.), el mismo podría ser calificado como contingencia profesional.

 

  • Recargo de prestaciones: Conforme el art. 164 LGSS, “Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, (…) cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador”.

 

  • Responsabilidad civil. Adicionalmente y vinculado con la etiología profesional de las dolencias y la falta de medidas de seguridad, la afectada podría reclamar los daños y perjuicios ocasionados (responsabilidad civil) derivadas del accidente, correspondiendo a la Productora (conforme dispone el art. 96.2 LRJS), probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad.

 

AUTOR

PERE VIDAL. (Le podéis seguir en Instagram o en Twitter)

Abogado laboralista y Profesor de D° Laboral en la Universitat Oberta de Catalunya.

Licenciado en Derecho y Master en Derecho del Trabajo por ESADE. Desarrolló su carrera profesional en Baker & McKenzie (2007-2013) y PwC Tax & Legal (2013-2018). Actualmente en Augusta Abogados, despacho al que se incorporó en 2018.

Es autor o co-autor de múltiples obras y publicaciones jurídicas especializadas en el Derecho del Trabajo y Vocal del Grupo de Abogados Jóvenes del Ilustre Colegio de Barcelona. Abogado laboralista y Profesor de D° Laboral en la Universitat Oberta de Catalunya.

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