2ª ST CASO ARANDINA: NO INTIMIDACIÓN AMBIENTAL, NO AGRESIÓN SEXUAL

Es por todos conocido el «Caso Arandina» en el que 3 jugadores de fútbol del equipo con dicho nombre fueron condenados a un total de 38 años de prisión  por la Audiencia Provincial de Burgos, por obligar (en su concepto de «intimidación ambiental»)  a una menor a mantener una relación sexual grupal en el salón de la casa de los jugadores. Esta primera sentencia fundamentó esa «intimidación ambiental» que introdujo conceptualmente el Supremo tras fallar sobre la manada de Pamplona y, del mismo modo, condenó por esa vía que dejó abierta el Alto Tribunal, esto es, la condena por cada hecho no sólo como autor del propio sino como cooperador necesario del resto de hechos en que los demás acusados son autores, sumando así: 14 años de prisión como autor del delito de agresión sexual a menor de 16 años  y 12 años de prisión como cooperador necesario en los hechos de los otros dos condenados, así 14 + 12 + 12 = 38 años de prisión.  

Ahora ya sabemos que han sido estimados los recursos interpuestos por los condenados absolviendo a uno de ellos y, respecto a los otros dos se condena a 4 y 3 años de prisión, suponiendo esto una diferencia de más de 30 años de prisión respecto a la Resolución de la Audiencia Provincial de Burgos, una Sentencia quizá difuminada por los acontecimientos que estamos viviendo en relación al estado de alarma, pero que merece su estudio y aquí os la dejo íntegra si queréis acceder al texto completo.

 

¿CÓMO ES POSIBLE UN CAMBIO RADICAL DE 38 A 0, 3 Y 4 AÑOS DE PRISIÓN?

 

1.- ELIMINACIÓN DE LA INTIMIDACIÓN AMBIENTAL.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León eliminan la intimidación ambiental al restar credibilidad subjetiva a la víctima. Suponiendo así que todos los actos sexuales fueron voluntarios se degrada la calificación penal eliminando el delito de agresión sexual y condenando única y exclusivamente por la edad de la víctima, al ser menor de 16 años, careciendo así de relevancia jurídica su consentimiento, siendo  los hechos calificados como abuso sexual a menor de 16 años, con atenuante muy cualificada como veremos más adelante. Señalar, por tanto, que si la denunciante hubiera tenido más edad (o los hechos fueran anteriores a la reforma del CP de 2015) habrían sido absueltos con todos los pronunciamientos favorables. 

Para eliminar la intimidación ambiental los magistrados anulan un enunciado de los hechos probados de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos: «ella se cruzó los brazos y no supo como reaccionar, quedándose paralizada, procediendo los acusados a cogerla las manos para que les masturbase,  y posteriormente sujetándole la cabeza para que les hiciera una felación a cada uno de ellos.»

Esa frase se elimina y cambia por la siguiente: «los acusados procedieron a desnudarla quitándole la ropa, salvo las bragas, seguidamente les masturbó y les hizo una felación».

Fundamentan este cambio en la falta de credibilidad de la denunciante pues el relato sobre la forma en que ocurrieron los hechos difiere radicalmente: mientras a su círculo de amistades les transmitió que se sentía satisfecha, que había realizado los actos sexuales de forma voluntaria e incluso alardeando de ello; ante la orientadora y sus padres cambió su versión en los términos recogidos en la denuncia, en el sentido de no haber consentido esos actos sexuales. A partir del momento en que los hechos llegan al conocimiento de las personas cercanas a la menor y su familia, toma conciencia del escándalo, llegando a pensar incluso que se ha podido quedar embarazada, según relatan sus amigas y compañeros de colegio, pudiendo ser el miedo a la reacción de sus padres lo que le lleva a modificar la versión mantenida primeramente ante sus amistades. Únicamente así podría explicarse la contradicción entre esta versión inicial con la que va elaborando al recapacitar en cómo iba a ser valorada su actuación en su entorno familiar, pasando a ofrecer otra versión en la que, sin negar los hechos ocurridos, cambia la forma en la que ocurrieron, versión que se retroalimenta con la preocupación que despierta en sus padres y el resto de su familia y que desemboca a presentar la denuncia. 

Del mismo modo, en los recursos se calificaba de inexplicable la conducta de la menor con la situación de bloqueo que manifestó sufrir mientras sucedían los hechos pues la denunciante cuando volvía del baño al salón, donde se produjeron los hechos, observó que las luces estaban apagadas y los tres acusados desnudos no haciendo ninguno nada para impedirle abandonar el domicilio, según relata. A la par que resulta incongruente con esa situación de bloqueo que después de la relación sexual grupal en el salón mantuviera otra relación individual con uno de los acusados en una habitación aparte. 

Descartada así la intimidación que daba lugar a la apreciación de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, los hechos pasan a calificarse como abuso sexual a menor de 16 años, es decir, únicamente revisten carácter de delito al ser la denunciante menor de 16, pues de lo contrario la resolución hubiera sido la absolución de todos ellos. 

 

2.- EXIMENTE Y ATENUANTE 183 QUARTER CÓDIGO PENAL. 

Además del cambio en los hechos probados que hemos visto anteriormente, los magistrados añaden un último párrafo a estos para poder fundamentar después la aplicación del artículo 183 quarter del Código penal, esto es, si por cercanía en edad o grado de desarrollo o madurez entre acusados y denunciante, lo que supone la exención de responsabilidad del acusado que queda absuelto y la atenuante muy cualificada para los otros dos. 

El párrafo que se añade a los hechos probados es el siguiente: «En la fecha en que ocurrieron los hechos Fructuoso, Gabriel y Ginés (nombres supuestos) tenían respectivamente 24, 22 y 19 años de edad, si bien ninguno ha llegado a superar la etapa de educación secundaria obligatoria, con una madurez psicológica por parte de Ginés próxima a la de la menor y ligeramente superior a la de esta por parte de Gabriel. En cuanto a Fructuoso, padeció un trastorno de déficit de atención – hiperactividad en su infancia que provocó que su madurez cerebral sea inferior a la edad cronológica.»

Respecto de dos de los acusados, Fructuoso y Gabriel, el informe forense presenta rasgos intelectuales y emocionales dentro de la normalidad y con una madurez psicológica superior a la de la denunciante, no cabiendo la apreciación del art. 183 quarter como una eximente para estos acusados. Sin embargo, las edades de estos podrían considerarse como «relativamente próximas» conforme a la STS 946/2016 citada en la Circular de Fiscalía 1/2017 (muy recomendable su lectura), sobre la interpretación de este precepto. Así también el informe psicológico médico-forense recoge que la menor había mantenido anteriormente una relación afectiva con una primera relación sexual, que su estilo de acercamiento al sexo opuesto es poco adaptativo y sexualizado al exhibir una «carta de presentación» de sí misma ficticia, mostrando una mayor madurez sexual de la que le corresponde por su momento evolutivo y experiencia real. Los informes aportados por la defensa de Fructuoso subrayan su falta de madurez que ponen relación con el trastorno de déficit de atención – hiperactividad padecido en su niñez. 

Además, examinan el medio social en que se desenvuelven tanto la menor como los recurrentes comprobando el lenguaje soez que todos emplean al tratar temas de contenido sexual, en un contexto común de banalizar las relaciones sexuales convirtiéndolas en un simple divertimento o juego sin trascendencia, lo que denota una falta de madurez igualmente próxima entre todos ellos. 

Todo ello conduce a los magistrados a apreciar la atenuante analógica (art. 21.7 CP) en relación al art. 183 quarter CP, apreciando esta como muy cualificada. 

 

3.- DETERMINACIÓN DE LAS PENAS DE 4 Y 3 AÑOS DE PRISIÓN.  

Nos encontramos ante una pena base de entre 8 y 12 años de prisión, al tratarse de un delito de abuso sexual a  menor de 16 años. Sin embargo, se trata de un tipo agravado al ser actuación conjunta de dos o más (art. 183.4.b) estableciendo el marco base de la pena en la mitad superior. La mitad superior de 8 – 12 es 10 – 12. Como aprecian la atenuante muy cualificada, según las reglas de aplicación de penas (art. 66 CP) imponen la pena inferior en dos grados. Por tanto, el grado inferior de la base 12 – 10 es 10 – 5, y el segundo grado inferior resulta 5 – 2,5. En ese margen entre dos años y medio y cinco de prisión, y conforme al principio de proporcionalidad de las penas, deciden imponer a uno 4 años de prisión por entender al mismo como líder del grupo al haber iniciado la relación con la menor por Instagram y ser él quien la invitara al domicilio el día de los hechos; y 3 años de prisión para el otro acusado. 

 

4.- ABSOLUCIÓN DE UNO DE LOS ACUSADOS. 

Para entender la absolución del acusado Ginés (nombre ficticio) tenemos que tener claro cuál fue su actuación en los hechos. Recordemos que son dos los actos sexuales que se produjeron el día de los hechos: uno grupal en el salón (acceso bucal 3 acusados y menor) y después una no grupal en la habitación (acceso carnal vaginal este acusado solo y la menor), siendo condenado en la primera sentencia sólo por los hechos ocurridos en el salón y no por los hechos cometidos en la habitación, al entender aplicable el 183 quarter eximiéndole de la responsabilidad penal por ese hecho. 

La Sentencia es clara respecto a la absolución de este acusado por los hechos del salón: «Ni el Fiscal, ni la Acusación particular, ni la acción publica han impugnado la absolución de Ginés» (la que se refería a los hechos de la habitación) por lo que no habiendo sido impugnada dicha absolución «la hacemos extensiva a los hechos ocurridos en el salón y que motivaron su condena por un delito de agresión sexual».

 

5.- RESTO DE PENAS Y REDUCCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Ambos condenados a las penas de prisión ya referidas además, se imponen la siguientes: inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; prohibición de aproximación a distancia inferior de 1 km y comunicación  con la víctima por tiempo de 8 años; libertad vigilada de 5 años  e inhabilitación especial para profesión u oficio que conlleve contacto regular o directo con menores de edad por un tiempo superior a 3 años al de las penas privativas de libertad; 2/3 de las costas causadas en primera instancia. 

Respecto a la responsabilidad civil, que se estimó en 50.000 euros en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, se reduce a 10.000 euros, conjunta y solidaria de ambos, al no quedar debidamente acreditado que los padecimientos de la menor derivaran directamente del hecho enjuiciado y no de las consecuencias mediáticas y sociales que provocó en su propio entorno y que, por otro lado, no han dejado de sucederse hasta hoy; y, por otro lado, que ya existía con anterioridad a los hechos seguimiento psiquiátrico de la menor al presentar dificultades en su integración con grupo de iguales; lo que conlleva a valorar la corta edad de la denunciante como elemento valorativo, situando la cuantía en 10.000 euros.

 

Y ahora la eterna pregunta, ¿qué dirá el Supremo?

 

Os invito a pasaros por mi canal de YouTube donde podréis encontrar este y otros casos reales, además de otras cuestiones desde el punto de visto práctico  

 

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